 Es una realidad
patente la existencia de un movimiento de objetores de conciencia, con unos fines más o
menos claros, con una línea de actuación más o menos concreta, pero que cuenta con una
experiencia acumulada por varios años de existencia y de lucha.
En el año 1959 aparecen los primeros objetores, dos testigos de Jehová que se niegan a
efectuar el servicio militar. Su postura sorprende a todos; se les intenta convencer de
que cambíen de actitud, pero sin resultado. Son procesados y como no existía ningún
artículo legal que castigara dicha situación, se les aplica repetidamente una pena de
cárcel, manteniéndolos presos hasta que cumplan 38 años, momento en que finaliza la
edad militar. Este suceso es silencioso en parte por los propios objetores, ya que se
consideran elegidos dentro de su religión, a la vez que los medios de comunicación
evitan el tema por considerarlo tabú.
En abril de 1970, el Consejo de Ministros, presionado por Amnesty Internacional y
queriendo buscar una solución al problema, envía a las Cortes un Proyecto de Ley sobre
Objeción de Conciencia por motivos de confesionalidad religiosa; el proyecto era
deficiente, muy limitado. A pesar de todo, no salió adelante: «Si se aprueba este
estatuto, se abrirá una brecha en la integridad de la Patria y en la igualdad de los
españoles.» Será la primera vez desde la Guerra Civil que las Cortes rechazan un
Proyecto de Ley presentado por el Gobierno.
Un año más tarde aparece un nuevo objetor, Pepe Beunza, que es detenido. A nivel
internacional surge una campaña de protesta y acciones (Marcha de Ginebra a Valencia,
huelga, encadenamientos, etc.). El Gobierno envía un segundo Proyecto a las Cortes, pero
limitando el problema a un marco religioso, que nuevamente es denegado. En los debates se
oyó decir: «Estamos ya tan acostumbrados a movimientos de opinión, no ya a favor de un
objetor de conciencia, sino contra el Régimer español, que nada puede extrañarnos, por
que existe una campaña internacional.» (Blas Piñar).
Los objetores presentan en marzo de 1974 un proyecto reivindicativo en el que se pide la
creación de un Servicio Civil. Al año siguiente lo llevan a la práctica en Can Serra,
barrio de Hospitalet de Llobregat. Trabajan en unas colonias de verano, organizan una
guardería, un club de ancianos, una escuela de adultos; la gente del barrio les apoya. En
enero de 1976 son encarce"lados en la prisión militar de Figueras.
En noviembre, el Movimiento de Objetores de Conciencia presenta un nuevo Proyecto y la
realidad de diversos servicios civiles autogestionados por los interesados. A finales de
año el Consejo de Ministros aprueba un decreto sobre objeción de conciencia de carácter
religioso. El decreto es discriminatorio, es una ley militar, es un castigo y es ambiguo.
Los objetores continúan en situación ¡legal; continúan las detenciones arbitrarias y
los consejos de guerra. El Gobierno no sigue una línea de actuación concreta. En algunos
casos deja hacer y evitar enfrentamientos directos, reprimiendo aisladamente.
En la actualidad el movimiento es mucho más complejo. La objeción religiosa ha dado paso
a una protesta más amplia, fundamentada esencialmente como enfrentamiento al Estado y a
unas instituciones autoritarias y represoras de la libertad. El marco religioso ha sido
desbordado, planteándose y cuestionándose la actual organización social.
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