 La progresiva despoblación del campo español hace que, anualmente, una
gran masa de campesinos sin trabajo se una a la abigarrada población urbana de las
grandes capitales en busca de unas mejores condiciones de vida. Los trabajos mal
remunerados, sin cualificar, condiciona en gran medida su pase a engrosar ese proletariado
sin escalas carente de los medios necesarios para adquirir una vivienda digna. Así, los
barrios verticales que surgen en torno a la ciudad se ven rodeados de numerosas chabolas,
por lo que familias enteras tienen que vivir en condiciones infrahumanas y con las
mínimas garantías sanitarias. En estas aglomeraciones de chapa y deshechos viven
literalmente apiñadas familias numerosas en un espacio inferior a los cuarenta metros
cuadrados.
Como las posibilidades de adquirir un piso o pagar un alquiler les es poco menos que
imposible, muchas de estas familias han decidido ocupar pisos vacíos, creándose así un
problema social y jurídico de difícil solución, dado que la sociedad capitalista en que
tenemos la desgracia de vivir consiente la proliferación de pisos sin ocupar cuando las
necesidades son acuciantes para muchos.
Son numerosos los pisos de protección oficial otorgados a personas que ya son
propietarias de otros pisos, con los que realizan un lucrativo negocio, alquilándolos a
precios abusivos. Un dato significativo puede ser el relativo a que un obrero de la
construcción tarda uno o dos años en terminarlo, mientras necesita de diez a veinte para
pagarlo. Si tiene familia numerosa y problemas de paro, esta ilusión a largo plazo se
desvanece.
Por estas razones y otras harto evidentes, en estos últimos meses se ha dado un
movimiento de ocupaciones de viviendas a escala nacional, que en muchos lugares ha tenido
un carácter espontáneo y en otros ha contado con una cierta organización. En
Valladolid, donde el chabolismo aumenta cada día, cincuenta familias han ocupado por la
fuerza otras tantas viviendas, construidas por el Instituto Nacional de la Vivienda, que
se encuentran cerradas desde hace meses.
Cerca de 500 viviendas del Polígono Camilo Alonso Vega, de Carranza (El Ferrol) fueron
ocupadas por habitantes de esta ciudad y pueblos de la comarca. La historia empezó ya
hace varios años, cuando el Ministerio de la Vivienda encargó a la empresa constructora
«Vosa» un polígono de viviendas sociales. En este polígono se incluían dos grandes
torres, que son ahora la manzana de la discordia. En estos momentos existe una pugna
burocrática entre los beneficiarios de estas viviendas y los ocupantes.
Casos como éste se están produciendo a todo lo largo de la geografía española. En
Madrid nos encontramos con ocupaciones en Palomeras Altas, la Ventilla y San Blas, donde
el problema ha tomado unas características trágicas al ser desalojadas por la fuerza
varias familias.
Es en San Blas donde se han producido mayor cantidad de ocupaciones y es el que ha tenido
más repercusión ante la opinión pública, ya que se han puesto en evidencia las
contradicciones de tina sociedad democrática que no establece soluciones a una serie de
problemas concretos, mientras la pugna por el pastel político se desarrolla en los
salones de la burguesía, con mezquinas hipotecas de la clase trabajadora y olvidados los
problemas humanos y sociales de la gran masa laboral española.
La ocupación de viviendas en San Blas ha estado coordinada de dos formas muy diferentes.
Por un lado, la Asamblea de Ocupantes, nacida espontáneamente, independiente y
autoorganizada. La Asamblea se encuentra integrada por todas las familias que carecían de
piso y ha estado apoyada por diferentes grupos políticos y centrales sindicales, entre
los que se encuentran la Asociación de Amas de Hogar, el FRAP, militantes de la CNT y del
PSOE. La Asamblea de Ocupantes, considerando que la casa es para quien la habita, una vez
escogidas las viviendas abandonadas y mediante la operación de dar la patada a la puerta,
efectúa la ocupación del piso.
Por otro lado existe la Asociación de Vecinos, con clara influencia del Partido Comunista
de España, que proponían una acción más legalista. En estos momentos hay un gran
porcentaje de viviendas otorgadas irregularmente y muchas de ellas se encuentran en estado
de virtual abandono. La Asociación está elaborando una lista de pisos desocupados para
irlos otorgando a las familias más necesitadas. La Asociación nos informa que si se
pudieran ver los archivos y documentación de la Obra Sindical del Hogar, se revisarían
todos los casos y se sabría con más exactitud las irregularidades, pero, ante esto, se
produce la total inhibición del Ayuntamiento.
Como dato, diremos que el Ministerio de la Vivienda cuenta con una demanda de 270.000
peticiones y sólo cuenta con 10.000 viviendas para entregar en el plazo de dos años, a
un coste de un millón de pesetas por piso, lo que conduce a que las familias
verdaderamente necesitadas no puedan acceder a ellas y tengan que seguir viviendo
amontonadas en chabolas.
La única salida como respuesta válida a corto plazo se vislumbra a través del
movimiento de ocupación de viviendas coordinado por las asambleas diarias, desbordando
una legalidad inoperante e imponiendo su propia legalidad, la de la Asamblea.
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