 La cárcel, producto y caricatura de la sociedad que la mantiene, está en
entredicho. Desde los disidentes del Este hasta los recientes motines en Italia. México,
Francia o España hablan de una conmoción en el universo carcelario, conmoción que no se
para en fronteras. ¿En virtud de qué derecho distingue el Estado entre derecho común y
derecho político? ¿Por qué las cárceles? ¿Cómo terminar con ellas? Son preguntas
cada vez más extendidas cuyas primeras respuestas son acciones.
La lucha desde las cárceles, y a menudo contra ellas, sin duda se internacionaliza. La
tenacidad con que se está llevando a cabo también en nuestra península, anima a quienes
la tienen emprendida fuera de ella, y viceversa. «Las raíces de la acracia, nos escribe
desde París un militante del CAP, siempre están vivas en España... Ello expli ca, sin
duda, la llegada a este país de tantos hombres visceralmente opuestos a las leyes y a las
fronteras nacionales. Entre los 38 presos juzgados por «bandidaje y terrorismo» que
sufren condena por actos políticos en España, doce son franceses. La tendencia no es
única: España exporta acracia, de las 20 personas detenidas estos meses en Francia por
motivos políticos, en un ampli sentido del término, seis son españoles o de familia
española.»
En estos casos, «cuando es el Estado lo que está en cuestión», como recientemente
declaró una-alta-personalidad-política española, los gobiernos de los distintos países
no tienen más remedio que recurrir a lo que les es común por encima de sus variantes
ínstitucionales: la violencia ínstitucionalizada. La firma de la convención Europea
contra el terrorismo viene así a culminar sus fraternales esfuerzos por armonizar las
respectivas legislaciones represivas y por coordinar los medios de que disponen las ya
poderosas policías nacionales. Los vergonzantes «tira y afloja» con que se disputan la
carne humana pendiente de extradición (Apalategui, Astudillo, secuestradores de
Revelli-Beaumont, Croissant, ... ) son los chirridos que aún consiguen escapar al aceite
legal de la gran máquina.
De tanto empeñarse los gobiernos en tratar como comunes delitos netamente políticos,
ellos mismos han contribuído a hacer común la dimensión política de todo delito.
 Se borran divisiones artificiales para dejar aflorar otras más sustanciales
que venían escondiéndose tras los mismos nombres. Donde antes se oponían (presos)
políticos a (presos) comunes, ahora aparecen opuestos (profesionales) políticos a
(gentes) comunes. Como dice nuestro comunicante del CAP, «una tradición ha sobrevivido
al "aggiornamiento" del anarquismo: el desprecio por las leyes en vigor en todos
los países».
Los dos documentos que reproducímos rebosan este espíritu. El «manifiesto» surge en
Francia bajo la misma circunstancia que el reciente CAP (Comité de Ayuda a los Presos),
organización que -actuando desde fuera- tiene objetivos semejantes a la COPEL. El
proyecto comunal de HAPOTOC es una respuesta posible, al brindar a quienes salen de las
cárceles no tener que volver a «delinquir» sin tener tampoco que ingresar en esa otra
cárcel que es la organización del trabajo imperante.
manifiesto de los detenidos políticos
(Emitido en Francia. Entre los firmantes hay militantes de la que fue CNT en el
exilio)
El movimiento popular, reanimado desde mayo del 68, al plantear problemas radicales
tales como condiciones de vida o condiciones y finalidades del trabajo en el mundo
capitalista, viene alcanzando un vigoroso desarrollo. Ante el programa común, en este
movimiento popular crecerá probablemente la esperanza de mayores posibilidades para las
luchas incesantes contra la explotación capitalista.
Frente a este movimiento popular, el poder actual juega sus últimas cartas democráticas.
Intenta mantener una apariencia de funcionamiento institucional, del que por el momento es
árbitro, menos arriesgado que los enfrentamientos que pudieran darse fuera del marco
instruido.
Pero de un tiempo acá los distanciamientos o indefiniciones respecto a las propias leves
del sistema se multiplican de manera acelerada... Los trabajadores pagan todos los días a
lo largo de la guerra sin cuartel que el capital ha emprendido en su contra. En su seno,
los revolucionarios se ven también duramente atacados. No es una casualidad en la medida
en que en ellos cristalizan ciertas aspiraciones populares hacía cambios profundos.
La justicia, al servicio de las agresiones políticas del poder
El poder, para reducir a estos elementos revolucionarios, so-juzga con varias
jurisdicciones: Tribunal de lo Criminal (derecho común), Tribunal de Seguridad del
listado (político) y Tribunal de las Fuerzas Armadas (militar). Es el propio poder quien
decide qué legislación es la más productiva desde un punto de vista represivo.
El Tribunal de Seguridad del listado (TSE) es oficialmente la única jurisdicción
política. Bajo este título se permite apaños como disociar casos iguales, añadir
inculpaciones durante el curso del proceso y, por supuesto, descargarse de un asunto en
provecho de otra jurisdicción (como ha ocurrido con los GARI, que tras año y medio de
prisión preventiva han visto volver a comenzar su proceso, esta veZ por lo criminal, pues
el TSE había descubierto que una acción internacionalista no atentaba contra la
seguridad del Estado francés).
Igualmente. el TSE no asume todos los asuntos políticos, como ocurre con los militantes
del FRI (Number, Gascoux y Gailhal). los libertarios de la calle de la Clef (Núñez,
Tronelle, Congosto, Cerreda) o los NAPAP, todos ellos llevados por «lo común». En
verdad que el TVE tendría mucho trabajo si quisiera ocuparse de todo lo que de hecho es
político. Pues, ,a quién incumbe la responsabilidad inicial del exceso de presos, sino a
la política social del poder? ¿Es casualidad que más del 80 por ciento de los presos de
derecho común provengan de los medios sociales más desfavorecidos? ¿Lo es que un
ladrón de motocicletas sea golpeado con una pena semejante a la de un desfalcador de
millones de francos? El problema del TSE plantea el problema de la justicia, éste el de
la sociedad.
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