REVISTA DE COMUNICACIONES LIBERTARIAS

El plan, el estatuto y los mayoristas

DESPUÉS de tratar de hundir definitivamente al País Vasco, y enmendar lo que ha podido al valenciano, Abril Martorell dio a conocer con gran bombo un plan económico que va a salvarnos a todos.

De vez en cuando sale un «Programa» de estos, que luego en realidad nadie cumple, pero que cumple en sí mismo el papel de apuntalar más las cosas y dar la impresión de que todo está previsto. Lo han expresado muy bien los dirigentes de la CEOE, que después de dictar el «plan» a sus empleados de Ministerios han declarado estar muy «satisfechos» con él. El Plan del Gobierno, «crea el marco de una filosofía» declara el pulcro Ferrer Salat. A qué cosa llaman «una filosofía» la gente de su pelaje está bien clara. Nos dan algunas pistas: «el plan reconoce con gran realismo la economía capitalista de mercado (...)» que exige ciertas «flexibilizaciones» ...

En este «plan» a Comisiones le ha tocado el papel protestón, amenazando con la movilización controlada (ni poca ni mucha para su colada). Ellos en realidad no se opondrían nada si se les llamara, porque lo que propugnan es precisamente la unidad de acción en un programa de solidaridad contra la crisis. Y la solidaridad no es obrera claro. Camacho entiende que pueden ser solidarios los patrones buenos y los trabajadores sensatos con el objeto de «salvar» la economía. Así ha llegado a decir burradas tan grandes como que el 1 de Mayo era también el día de los pequeños y medianos empresarios («El Periódico» de Catalunya, 1-5-79).

En cuanto a la UGT ... ¿qué va a decir? Si ya lo tenía todo pactado y bien pactado con la patronal-gobierno, y empezaba a recoger los frutos en forma de patrimonio devuelto.

Nicolás Redondo, secretario general de esa «especie de partido bis» (como le llama Alfonso Guerra) que es la UGT, firmó con la CEOE en el verano un pacto económico uno de cuyos objetivos era precisamente aumentar el escaso protagonismo de la sindical socialista, que no va cara al aire en zonas tan importantes como Catalunya o el País Valenciano. El acuerdo UGT-CEOE era para Redondo «el paso más importante en el campo de las relaciones industriales desde la legalización de las centrales sindicales». (Ya será menos Nico.)

NO acaban de calibrar muy bien la importancia de estos pactos y planes, con un contenido meramente propagandístico (o en todo caso estabilizadores de la filosofía de marras), las víctimas de los cientos de expedientes de crisis que se disparan en cascada en empresas grandes, pequeñas y medianas. O los heridos y muertos cada dos por tres por salir a la calle a reivindicar algo o a solidarizarse con la gente puteada. O los 30.000 trabajadores que se incorporan cada mes a la cifra de gente que quiere trabajar y no puede.

Y es que los parados dan mucho de sí. Si son jóvenes, ya se sabe, son los protagonistas de la ola de delincuencia que nos invade. Si son de segunda mano, están ahí para meter miedo a los que aún tienen un salario mínimo con el que malvivir y pagar los plazos: si se mueven lo pueden perder todo (o sea, nada). También se les puede utilizar para hacer de esquiroles en huelgas. Como en la de limpiezas en Málaga.

Claro que ya siendo bastante más de un millón, son un factor potencial de «desestabilización». Porque en definitiva la estabilidad es la preocupación del trio patronal-gobierno-sindicatos mayoritarios. ¿Para qué vamos a engañarnos?

* * *

Herramienta fundamental para la «estabilidad», una nueva ley se cierne contra los trabajadores. Esta vez directamente al grano. Escandalosamente regresivo el tal «Estatuto» legaliza la prohibición de asambleas de empresa, que hay que pedir con anticipación y voto favorable del más del 50% de la plantilla (¿reunida en asamblea para votar si vota celebrar una asamblea?), y contiene elementos tan curiosos como la posibilidad de demandar por daños y perjuicios a un trabajador que se largue de la empresa sin previo aviso y trámites oportunos, aunque nada se puede hacer contra un patrono que ponga en la calle a un tío que le moleste (para eso está la acción directa. Pero de eso no dice nada el «Estatuto»).

UN avance muy importante (para la patronal) es el aligeramiento de los trámites para los expedientes de crisis y la posibilidad de hacer convenios inferiores al de empresa, con lo cual se puede jugar mucho mejor con la gente y desunirla más de lo que está.

Las críticas al «Estatuto» desde el campo del sindicalismo parlamentario han llegado sobre todo desde Comisiones Obreras. UGT ya tenía pactado tragarse el «Estatuto» en Las Cortes, y lo habían anunciado claramente sus líderes, cuando al ser preguntados sobre el «otoño caliente» declaraban en el mes de agosto que «el Estatuto de los trabajadores iba a ser un elemento de estabilización que facilitaría las relaciones industriales».

CCOO se ha quejado porque no se les había llamado a «negociar». Se les ha arañado el protagonismo. En segundo lugar han centrado sus críticas en el no reconocimiento de las secciones sindicales de empresa en la práctica. El asunto tiene doble filo. Porque si bien el quitarles protagonismo a los aparatos sindicales mayoritarios puede dar marcha a las luchas de empresa y fomentar el contacto directo y colectivo de la gente con sus problemas; afirmar sus derechos como sección sindical «legal» era la única posibilidad de moverse en la empresa que tenía la CNT tras su rechazo a presentarse a las elecciones y figurar en los comités que sustituyeron a los antiguos jurados de empresa.

Esta dinámica de anulación de los «minoritarios» se confirma con el requisito del 10% de delegados salidos de las elecciones para poder entrar en un convenio colectivo. Ah!, y el Estado sigue interviniendo para mantener la vieja práctica corporativista de los «laudos» (que se llamarán de otra manera), y también para anular lo que se consideren mejoras «excesivas» para la economía nacional.

Como guinda del pastel, los artículos que hablan de lo que puede ser objeto de negociación y que, ya en plan embudo descarao, imposibilitan la posibilidad de reivindicaciones sobre temas. «sindicales» (es decir una buena parte de las reivindicaciones no económicas), pudiendo establecerse sin embargo «cláusulas antihuelga».

Por último, y en cuanto a los temas más generales. tenemos que, mientras por ahí fuera se empiezan a pactar las 35 horas semanales (jornada que ya mantuvo en algunos convenios la CNT de antes del 39). se establece en el «Estatuto» entre 42 y media y 43. Para la edad de jubilación. que se mantiene en los 69 años, no hacen falta muchos comentarios.

En resumen un muro legal más contra el que van a estrellarse la acción directa y en general las luchas autónomas del movimiento obrero, en los próximos años, volviendo atrás en terrenos que parecían ya ganados.

Para completar el paredón, ya se anuncia una inminente ley contra el derecho de huelga.

ANSELMO

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